En esta oportunidad llevaron su reclamo a calle Corrientes, frente a la repartición. “Vemos que todos los meses nuestro salario se deteriora abruptamente. Además, repudiamos que el gobierno nos quiso vender un pseudo adelanto cuando el mes estaba vencido y fue un desdoblamiento del salario”, indicó Alonso.
Acotó que “hay un malestar específico, ya que desde hace bastante tiempo vemos que es un lugar que se está vaciando de contenidos y recursos que están siendo colocados en forma casi monárquica, ya que la titular de este organismo es la hija de un ex presidente durante dos años. Además, están la mamá, la tía y la cuñada de la presidenta, por lo que decimos que esto es el consejo de la familia de los funcionarios”.
Alonso denunció que “están todos los programas devastados” y ejemplificó: “El programa de violencia que atiende a toda la provincia cuenta con ocho profesionales. Cada uno tiene 80 situaciones para atender violencia, abuso y maltrato”. Y sostuvo que “acá hay aprietes y pases compulsivos de profesionales que han participado de las asambleas a otros programas”.
Por su parte, otro de los delegados, José Matsuyama, señaló que “hay 1.600 trabajadores en toda la provincia afectados por esto” y manifestó que a la titular del Consejo “le presentamos un petitorio con cuatro puntos centrales que no nos ha contestado”.
“No hay política para la niñez y la adolescencia. Sólo entra a ocupar cargos políticos gente que no tiene condiciones mínimas”.
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