El proyecto presentado solicita la obligación de contratar personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo a las empresas privadas que posean más de 100 empleadores, a contratar en una proporción no inferior al dos por ciento de la totalidad de su personal, y a establecer reservas de puesto de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
Por otro lado fija sanciones para las empresas que incumplan con dicho porcentaje. Además establece que los empleadores deberán asignar los puestos de trabajo en forma razonable, teniendo en cuenta las capacidades diferentes y se prohíbe que los empleadores público y/o privados discriminen a los trabajadores con capacidades diferentes frente a los demás trabajadores en la solicitud de empleo, la contratación, ascenso, compensaciones, capacitaciones laborales, despidos y/o cualquier otro término o privilegio laboral.
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